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La responsabilidad patrimonial de la admnistración se encuentra regulada en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en nuestra Constitución Española y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los efectos lesivos que ha producido la pandemia a causa del COVID-19, han sido muy numerosos y cuantiosos. Dicho esto, se puede solicitar la responsabilidad patrimonial de la administración, tano de oficio como de parte interesada. Ello supone una apertura de procedimientos judiciales, peritajes… Que implica un árduo camino judicial lleno de obstáculos y paciencia infinita. Pero ello, no obsta, para que se pueda solicitar la indemnización para los sectores empresariales más afectados por las decisiones de la administración, como consecuencia del virus.

Existe poca, o nula jurisprudencia, por el pago de indemnizacioes a los afectados por todos los lastres que han ocasionado la pandemia, pero esto no es impediemnto para que, si se tienen las pruebas fehacientes de que los daños irrogados han sido cuantiososo, por la actuación de la administración a los sectores productivos más afectados, se pueda llegar a una resolución judicial favorable.

Hay que tener en cuenta que las arcas del estado se encuentran en franco déficit, con lo que lograr una compensación económica supondrá tiempo y paciencia, pero en ningún caso será un obstáculo para solicitar los daños económicos provocados a las empresas por las decisiones de la administración para combatir la pandemia.