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Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 las empresas españolas se convierten en sujetos activos con capacidad de cometer delitos y ser penalizados judicialmente por ello.

Ello significa, que si algún trabajador o colaborador de la compañía, comete algún delito de los tipificados en el Código Penal como delito societario, además de responder penalmente a título individual, también responde penalmente la persona jurídica, por no haber hecho lo posible para evitarlo. Ésta habrá de comparecer ante el fiscal o el juez, será imputada y puede ser condenada al pago de una elevada multa penal u otras penas todavía más graves. De ahí radica la importancia de elaborar un buen Modelo de Prevención de Delitos (MPD), en el que se incluyan las buenas prácticas que debe adoptar la empresa para evitar caer en responsabilidad penal.

Este cambio legislativo, junto con la adaptación de modelos de gestión procedentes del ámbito internacional, ha dado lugar a que muchas empresas hayan implantado un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) o sistema COMPLIANCE.